Pedido de informe sobre distribución de libros con contenido sexual explícito en escuelas
A raíz de los hechos que trascendieron en los últimos días sobre lo ocurrido en la localidad de Progreso, la diputada Natalia Armas Belavi ingresó un proyecto de comunicación solicitando se esclarezcan los hechos.
El pasado jueves trascendió en un medio nacional la denuncia de Diego Solís, un reconocido profesor de la localidad de Progreso, quien descubrió que su hija de 10 años habría traído de la biblioteca de la Escuela N° 341 “José María Paz” un libro de literatura erótica. A raíz de ello, la NIÑA sufrió crisis de llanto e insomnio y pérdida de control de esfínteres entre otros malestares descritos por su progenitor.
Ante lo ocurrido, la legisladora del bloque Vida y Familia solicitó se informe si las autoridades de ese establecimiento educativo del departamento Las Colonias han registrado quejas, planteos o cuestionamientos al material bibliográfico disponible en la biblioteca, por parte de quienes integran la comunidad educativa, como también, en caso de que esto así haya ocurrido, si aquellas lo han informado a las autoridades pertinentes del Ministerio De Educación de la Provincia.
Además, la legisladora, involucrada y comprometida desde siempre con temas que hacen al cuidado y defensa de los más vulnerables solicitó conocer si se realiza de forma periódica un relevamiento preciso del material bibliográfico existente en las bibliotecas de los distintos institutos educativos de la Provincia y su pertinente clasificación según materia, edad o nivel de formación del niño, niña o adolescente; como así también, la existencia de un listado de las obras disponibles al que pueda acceder el público en general.
El requerimiento se fundamenta, además, de la falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y de la institución involucrada, en el derecho que debe garantizarse a todos los niños, de recibir educación respetuosa de su nivel de madurez, que lo forme y enriquezca, para llegar a ser adultos sanos y responsables; según lo establece la convención internacional sobre los derechos del niño, ratificada por ley en nuestro país desde el año 1990; actualmente de rango constitucional desde 1994.