El conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor y las cámaras empresarias, que en las últimas horas derivó en anuncios de paro, contramarchas y conciliaciones obligatorias dictadas desde el Gobierno nacional, volvió a exponer la fragilidad de un sistema que funciona siempre al límite. Un sistema que se sostiene más por la paciencia de los usuarios que por una planificación seria del Estado.
La conciliación obligatoria frenó momentáneamente la medida de fuerza, pero no resolvió el fondo del problema. Solo volvió a postergar una crisis que se repite cíclicamente y que tiene víctimas claras: quienes dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o atender su salud.
En este escenario, es importante decirlo con claridad: los trabajadores del transporte no son el problema. Son, también, parte de los afectados. Reclaman salarios acordes a la inflación en un contexto económico asfixiante, mientras las empresas alegan no tener margen y el Estado nacional se limita a intervenir de manera reactiva, sin una política integral para el sistema de transporte del interior del país.
A nivel nacional, el transporte sigue siendo tratado como un costo a contener y no como un servicio esencial que requiere previsibilidad, financiamiento y reglas claras. Las decisiones se toman tarde, se parchean conflictos y se traslada la incertidumbre a millones de usuarios que viven lejos del AMBA, donde las asimetrías siguen profundizándose.
Pero el problema no termina en la Nación. En Santa Fe, la situación se agrava por un modelo local que hace años muestra señales de agotamiento. Tarifazos constantes, falta de control sobre las empresas concesionarias, ausencia de planificación y una mirada meramente recaudatoria que no se traduce en mejoras reales del servicio.
Hoy, el boleto en Santa Fe es uno de los más caros del país. Y sin embargo, el sistema está lejos de ser uno de los mejores. Frecuencias irregulares, recorridos mal diseñados, unidades en mal estado y paradas colapsadas forman parte del paisaje cotidiano. A eso se suma ahora una nueva preocupación: la posibilidad concreta de no poder contar con el servicio por conflictos que nadie parece prevenir.
En menos de dos años, el valor del boleto aumentó de manera desproporcionada, muy por encima de los salarios y de la capacidad real de pago de las familias. Mientras tanto, no hay evidencia de que el sistema haya mejorado en la misma proporción. No hay más colectivos en la calle, no hay más frecuencias y no hay un servicio más digno.
El transporte público no puede funcionar como una ruleta diaria. No puede depender de anuncios de último momento, conciliaciones forzadas o negociaciones que siempre llegan tarde. Mucho menos puede seguir siendo una variable de ajuste que castiga a quienes menos tienen.
Cuando el transporte falla, no se afecta solo la movilidad: se rompe el acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la vida social. Se profundizan desigualdades y se empuja a miles de personas a buscar alternativas informales, inseguras o directamente inaccesibles.
Santa Fe necesita discutir de una vez por todas un modelo de transporte pensado desde el derecho a la movilidad y no desde el negocio. Un sistema con planificación, control efectivo, reglas claras para las empresas y una política tarifaria justa, que no siga exprimiendo el bolsillo del laburante.
Porque moverse por la ciudad no debería ser una preocupación más. Debería ser una garantía. Y hoy, lamentablemente, está lejos de serlo.