Manifestación de la Diputada Natalia Armas Belavi al votar en contra de los pliegos de jueces de la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Gobernador Pullaro
"No voy a ahondar en los deméritos o cualidades de cada uno de los postulados, porque más allá de que podamos tener profundas reservas o cuestionamientos a sus aptitudes, creemos que todo el proceso estuvo viciado por la pretención del Gobernador de hacerse la suma de poder público.
Lo cierto es que basándonos en los antecedentes académicos profesionales, que junto con las condiciones morales deben tener los postulados; como cualquiera que pretenda acceder a un cargo o función pública, estamos plenamente convencidos que no vamos a acompañar y rechazamos estos pliegos propuestos por el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de nuestra provincia, es el órgano máximo del Poder Judicial, y su misión es asegurar la supremacía de la Constitución y ser su intérprete final, de los derechos y de las garantías que están en ella anunciados. A través de las sentencias de la Corte se realiza la interpretación y la sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales.
Yo me pregunto hoy, ¿realmente somos conscientes del inmenso poder que se les delega a estos cortesanos?, que van a estar durante décadas al frente del Juzgado Provincial.
Creo yo que su nombramiento no puede estar basado en el deseo de nuestro Gobernador de asegurarse el poder absoluto en todos los estamentos públicos, porque busca de este modo el acompañamiento, o mejor dicho, no tener cuestionamientos del Poder Judicial. La realidad es que el soberano es el pueblo, quien nos puso acá es el pueblo y les debemos el hacer respetar derechos y garantías constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia debe hacer cumplir tanto la Constitución Provincial como los tratados internacionales, y ello implica garantizar el derecho más fundamental del hombre, que es el derecho a la Vida, y claramente sabemos que los candidatos del Poder Ejecutivo no son precisamente personas que enarbolan la defensa del Derecho a la vida en todas sus etapas.
Estamos en un momento crucial de nuestra Provincia y de nuestra Nación, donde se debe hacer valor al estudio constante, a la preparación, al perfeccionamiento, dándole lugar a las personas por su capacidad, por su idoneidad y no por simpatías ideológicas, amiguismos políticos o portación de apellido. La sed de control total o la devolución de favores políticos bajo ningún punto pueden ser hoy justificaciones para estas designaciones que simplemente no son ni legítimas ni democráticas.
Lo dijo una ciudadana, Patricia, que amplió la impugnación de uno de los candidatos, y la cito: "no debemos como representantes de aquellos que nos pusieron donde hoy estamos, avalar imposiciones del Poder Ejecutivo en relación a las personas que incluso cuentan con procesos penales iniciados." Y lo reitero, no debemos hacerlo. ¿Para qué estamos acá si no es para asegurar la transparencia de las decisiones que finalmente se van a ejecutar sobre la vida de todos los santafesinos durante muchos años?
Creemos y defendemos que la llama ardiente de hacer justicia, la defensa de la vida y la libertad y la idoneidad -claramente probada- deben ser los únicos requisitos que pesen para el altísimo privilegio de ser parte de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia.
Por todo esto, no acompañamos ninguno de los tres nombramientos y solicitamos su desestimación.
